A través de su intervención en la vida pública de México, Acción Nacional ha comprobado la validez de sus Principios de Doctrina los cuales, mediante una difusión y aplicación constantes, han tenido una innegable influencia en la evolución política de nuestro país, donde se han establecido ya las bases de un sistema democrático. El papel del partido se ha modificado de acuerdo con su creciente participación en los órganos de gobierno federales, estatales y municipales. Por ello, a sesenta y tres años de su fundación, Acción Nacional –protagonista central en la democratización de México- reitera su adhesión a los Principios de Doctrina aprobados en la Asamblea Constituyente del 14 al 17 de septiembre de 1939, que han servido de fundamento y motor para sus tesis y actividades.

A través de su intervención en la vida pública de México, Acción Nacional ha comprobado la validez de sus Principios de Doctrina los cuales, mediante una difusión y aplicación constantes, han tenido una innegable influencia en la evolución política de nuestro país, donde se han establecido ya las bases de un sistema democrático. El papel del partido se ha modificado de acuerdo con su creciente participación en los órganos de gobierno federales, estatales y municipales.

Por ello, a sesenta y tres años de su fundación, Acción Nacional –protagonista central en la democratización de México- reitera su adhesión a los Principios de Doctrina aprobados en la Asamblea Constituyente del 14 al 17 de septiembre de 1939, que han servido de fundamento y motor para sus tesis y actividades.

En 1965, Acción Nacional consideró conveniente responder a los cambios que había producido la evolución natural de la Nación y la acción del Partido. Para ello, presentó a sus miembros y simpatizadores, y a la opinión pública del país, una primera Proyección de sus Principios de Doctrina sobre la situación nacional e internacional de entonces.

Treinta y siete años más tarde, es necesario repetir ese ejercicio. Los Principios del Partido tienen hoy tanta vigencia como en su origen, y sus pilares continúan firmes y valederos. El mundo, sin embargo, ha evolucionado. Algunas tendencias que hace cuatro décadas apenas se avizoraban, hoy están profundamente arraigadas en la sociedad. Otros fenómenos, que entonces no podían anticiparse han emergido con fuerza ante nosotros. Consecuentemente, es oportuno que el partido señale el rumbo que marca nuestra concepción doctrinal de la persona, de su liberad y de su responsabilidad social. Es conveniente, asimismo, proyectar sobre los hechos nuevos la luz que aportan los principios de solidaridad y subsidiariedad, para que una sociedad ordenada y generosa concurra a la realización del bien común.

Con este documento, Acción Nacional vuelve a demostrar que en México es posible, para una organización política, guardar fidelidad a sus principios fundamentales, sin perjuicio de aplicarlos eficazmente a situaciones históricas cambiantes, mediante la proyección de los mismos.

En cumplimiento de esta misión, Acción Nacional renueva y reitera su compromiso con la estricta observancia de la Constitución y sus leyes, sin aceptar pactos o acuerdos que lo subordinen a alguna organización del exterior; actuando con independencia de entidades o partidos extranjeros, y rechazando cualquier apoyo económico, político o propagandístico provenientes de entes jurídicos prohibidos por la ley.

1. Persona y Libertad

El Partido Acción Nacional centra su pensamiento y acción en la primacía de la persona humana, protagonista principal y destinatario definitivo de la acción política. Busca que el ejercicio responsable de la libertad en la democracia conduzca a la justicia y a la igualdad de oportunidades para la consecución del bien común.

Como persona libre el ser humano es un sujeto ético y social, por lo tanto, responsable ante sí mismo y ante los demás. Tiene deberes y derechos propios de su naturaleza. La libertad no puede ser constreñida arbitrariamente por el Estado y no tiene otros límites jurídicos que los impuestos por el interés nacional, por las normas sociales y por el bien común. La libertad de cada persona ha de coexistir creativa y solidariamente con la libertad de los demás. Los medios deben estar adecuados al fin. Un fin éticamente valioso no justifica la utilización de medios éticamente inadmisibles.

Toda persona tiene derecho y obligación de ejercer responsablemente su libertad para crear, gestionar y aprovechar las condiciones políticas, sociales y económicas, con el fin mejorar la convivencia humana. Construir un orden social justo es deber individual y colectivo.

La vida y la dignidad del ser humano deben protegerse y respetarse desde el momento de su concepción hasta su muerte natural.

Toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por razones de sexo, edad, capacidad física, etnia, religión, convicción, condición económica o cualquier otra, debe ser rechazada, corregida y en su caso sancionada.

Acción Nacional reconoce plenamente las consecuencias prácticas de la común dignidad de las mujeres y los hombres, y de su común carácter de sujetos y agentes responsables y colaboradores en la construcción, animación y dirección de la sociedad.

La equidad de género significa que mujeres y hombres deben desarrollarse plena, libre y responsablemente. La discriminación existente contra la mujer en la familia, el trabajo, la política y en las demás esferas sociales es inaceptable. Los hombres y mujeres deben reconocer mutuamente su valor propio, y responsabilizarse el uno del otro, compartiendo las tareas que les corresponden dentro y fuera de la familia, sobre la base de igualdad de derechos y de obligaciones.

Los derechos humanos alientan la vida de una auténtica democracia. Son expresión concreta de la dignidad humana. Sin respeto cabal a los derechos humanos, no hay democracia. De su pleno reconocimiento y protección jurídica depende la existencia de un Estado democrático de derecho.

2. Política y Responsabilidad Social

Corresponde a la actividad política el establecimiento de un orden dinámico que respete la libertad y promueva la responsabilidad social como bases para el desarrollo de una comunidad democrática, sustentable y solidaria.

En el Estado de responsabilidad social, los individuos tienen una relación específica con la comunidad que se expresa en leyes aprobadas por autoridad legítima, para ordenar la convivencia social, preservar el bien común y dar efectiva protección a los derechos humanos.

Nos indigna la herida innecesaria de opresión y miseria que unos seres humanos infligen a otros. La respuesta debida ante el dolor evitable es la responsabilidad social. Exige superar el individualismo y cooperar en la construcción democrática del bien común. La responsabilidad social no se agota en el ejercicio del derecho ciudadano al sufragio; se perfecciona permanentemente con la participación ciudadana en el cumplimiento de los deberes cívicos, políticos y sociales que tiene la persona en comunidad.

La democracia, como sistema de vida y de gobierno, se funda en la igualdad de todos los seres humanos, condición esencial para responsabilizar a las personas del cuidado y procuración del bien común. Es la forma superior de organización del poder político y el sistema óptimo para respetar la dignidad humana. La democracia y la responsabilidad social deben fomentar el pluralismo, que es la convivencia de distintas maneras de pensar y actuar en diversos centros de decisión, poder e iniciativa.

Dentro de la pluralidad, los partidos políticos son un cauce para la responsabilidad ciudadana. Los partidos políticos deben impulsar ideas y acciones para plantear serenamente las soluciones a los problemas del país y llamar a la concordia entre los mexicanos. Los partidos compiten por el voto de los ciudadanos; pero también, la responsabilidad social los obliga a cooperar en la construcción común de los bienes públicos. Una auténtica vida democrática tiene como condición la existencia de partidos que permitan el acceso equitativo de hombres y mujeres al poder político, para instaurar gobiernos eficaces y oposiciones constructivas y socialmente útiles.

El buen funcionamiento de la democracia requiere de instituciones y ciudadanos conscientes de sus obligaciones y de una sociedad organizada. Entre nuestras instituciones políticas deben privar el diálogo y la colaboración, a fin de que la responsabilidad social encuentre realidad y eficacia. Los ciudadanos deben tener acceso al conocimiento cívico, político y económico necesario para el uso apropiado de los instrumentos y las instituciones que la democracia pone a su alcance. Debemos fortalecer la iniciativa ciudadana, estimular el interés por los asuntos públicos, y entusiasmar a la participación libre y ordenada en organismos intermedios. Requerimos que los ciudadanos y sus representantes asuman un compromiso permanente con la conservación, la profundización y la ampliación de las actitudes, los valores y las destrezas políticas propias de la democracia.

3. Familia

La familia es el cauce principal de la solidaridad entre generaciones. Es el espacio primario de la responsabilidad social, que debe ofrecer la más leal red de seguridad y de afecto ante contingencias y amenazas. Compete a la familia comunicar y desarrollar los valores morales e intelectuales necesarios para la formación y perfeccionamiento de la persona y de la sociedad.

La familia tiene preeminencia natural sobre las demás formas sociales, incluso el Estado. Es función esencial de este último hacer posible y facilitar el cumplimiento de la misión propia de las familias que forman la comunidad política, que no puede realizarse plenamente sino dentro de un orden social, económico y político. Por su parte, la familia debe cooperar con el Estado y las organizaciones intermedias al establecimiento del orden en la sociedad, y cumplir la tarea fundamental de orientar y educar social y políticamente a sus miembros.

La transformación del mundo ha influido en la integración de la familia y en sus tareas. Para fortalecerla se requiere adaptar el marco institucional con el objeto de que la proteja, y promover en el hogar los lazos esenciales de la solidaridad humana. Erradicar la violencia familiar es imperativo del Estado y la sociedad. Debemos redistribuir equitativa y solidariamente entre hombres y mujeres la responsabilidad familiar.

Una política social justa no debe pretender la substitución de la familia por el Estado. En sus relaciones con la familia, como en todos los campos de su actividad, el Estado está obligado a respetar la preeminencia de la familia y el principio de subsidiariedad, así como garantizar, en las leyes y en la práctica, la libertad de conciencia de los miembros de la familia y el derecho preferente de los padres para determinar el tipo de educación que deben recibir sus hijos. Por su lado, la familia está obligada a participar en la construcción de un orden social justo.

4. Cultura y Educación

La cultura da raíz y sentido a la vida personal y social, sus distintas expresiones son bien común de la Nación. Es creación humana por excelencia, expresión de valores y de acción. La cultura se construye desde el hogar, las familias y las comunidades mayores. Es relación consigo mismo, con los demás, con la naturaleza, con el conocimiento y con la trascendencia. Por ello, la cultura mexicana, expresa la grandeza y la pluralidad de la Nación.

La cultura debe ser el rostro del bien común. Tiene como vocación la posibilidad del desarrollo permanente y constante de todos los seres humanos. La cultura es pensamiento y acción. Es algo más que arte, ciencia o buenas costumbres; es entraña y sueños, reciprocidad de talentos personales puestos en común, con trascendencia en el tiempo y el espacio. En la cultura de cada persona está la de los demás.

El Estado ha de asegurar a todos por igual, hombres y mujeres, el acceso a los valores culturales, y debe promover la libertad en la creación y expresión de la cultura. Los medios de comunicación, como creadores de cultura, actúan junto a la sociedad, no en su lugar. El Estado acompaña y regula esta función, garantizando el respeto permanente a la libertad de expresión y al bien común.

El fin del proceso educativo es la formación integral de cada persona, para desplegar de la manera más amplia posible sus valores, capacidades, talentos, aptitudes y habilidades. Las políticas públicas en esta materia tienen la más alta prioridad, porque la educación es el medio más eficaz para el constante desarrollo y perfeccionamiento de las personas y de las naciones. La relación entre maestro y alumno es parte esencial del proceso educativo, por ello la sociedad y el Estado deben revalorar la dignidad de la labor magisterial.

Es responsabilidad del Estado, compartida con la sociedad, proveer a la población de servicios educativos de alta calidad, para lograr ciudadanos plenos. Que nadie quede fuera y que nadie sea excluido o segregado del disfrute de los bienes. No es aceptable una sociedad que ofende y descarta a sus débiles. Ante una organización excluyente de la sociedad, debe prevalecer un sistema de integración. Frente a un proceso de globalización debemos colocar un sistema que libere y humanice al mundo y sus regiones. Ante la emergencia de nuevos actores y rutas sociales, debemos establecer un sistema que habilite sus potenciales.

La educación integral infunde afecto y proximidad, forma en valores como la libertad, la paz, la vida en sociedad, la responsabilidad, la equidad de género, el respeto al medio ambiente, la solidaridad, la igualdad; expresiones humanas necesarias para construir una sociedad ordenada y generosa.

5. Nación y Mundialización

La Nación es comunidad de comunidades, unidas por diversos vínculos, con origen y destino común. Se reconoce como la suma de sus partes y se enriquece con el aporte socialmente responsable de las mujeres y los hombres que la componen. Brinda comunión de pasado, de presente y de destino.

La Nación mexicana es una realidad viva, abierta, multicultural y pluriétnica. Es cuna y espacio para el florecimiento de un vínculo específico que brinda elementos de unidad para quienes al identificarse con ella, superan toda división temporal, geográfica o de origen étnico.

La Nación mexicana amplía su existencia más allá de las fronteras del Estado y, por ello, abraza a los millones de mexicanos que por diversas razones, algunos en circunstancias de dolor, viven en otro país. La decisión de migrar es un derecho fundamental de la persona.

La conciencia de pertenecer a la Nación por parte de los mexicanos en el exterior debe ser admitida por el Estado, en todas sus dimensiones jurídicas. Que no exista en el extranjero un mexicano sin Nación, sin respeto a su dignidad y a sus derechos humanos.

México es parte de la comunidad mundial, en cuyo seno está llamado a desarrollarse con libertad, responsabilidad, justicia, solidaridad, subsidiariedad y en paz.

El mundo está inmerso en una permanente dinámica de globalización. Al lado de las oportunidades que genera este proceso, coexisten aspectos destructivos, entre los que destacan el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y las prácticas desleales de comercio. El reto para nuestra Nación es trascender el simplismo del aislamiento o la sumisión, proponiendo alternativas humanistas a esta realidad. La globalización responsable es mundialización.

Para la globalización no hay personas ni comunidades con historia, cultura, necesidades y proyectos, sino entes económicos dentro de un mercado global. La mundialización, en cambio, es protagonizada por personas, comunidades y naciones que se relacionan entre ellas con libertad y dignidad, las cuales, al lado de la estructura tecnológica y económica mundial, construyen leyes e instituciones responsables y solidarias, que brindan un marco de acción conocido, construido y aceptado por todos, con pleno respeto a la cultura, tradición, valores y creencias de cada pueblo.

La mundialización es acompañar la formación de un mercado global, con la expansión del Estado de Derecho para arribar a un Mundo de Derecho. La mundialización es globalizar valores fundamentales del hombre, como los derechos humanos y la responsabilidad solidaria. Es necesario promover estrategias de renegociación y alivio de la carga financiera de nuestros pueblos, sin que su ejecución implique un agravamiento en la condición económica de las naciones que la sufren. Es tarea del humanismo el colaborar en la construcción de un nuevo orden financiero internacional basado en la justicia y en la ética, en el reconocimiento de la interdependencia entre países, en la prioridad del desarrollo humano sustentable, en especial de las economías más pobres, y en el respeto a la soberanía de las naciones.

La mundialización supone la convivencia pacífica, ordenada y justa de las naciones y los estados. Obliga a todos los actores del mundo a conducirse de acuerdo con el derecho internacional para asegurar la paz y la seguridad.

El diálogo y la apertura de toda cultura que participa en la mundialización, no deben avasallar nuestro valioso aporte a la civilización, formado por la suma de nuestras identidades indígenas y regionales.

La nación mexicana debe fortalecer sus vínculos culturales privilegiados con Iberoamérica, para construir un espacio de solidaridad que contribuya al mayor desarrollo de nuestras naciones, dando prioridad a la integración de América Latina. Al mismo tiempo, la vecindad geográfica, la magnitud de la población mexicana en los Estados Unidos de América, y la fuerza de nuestros intercambios culturales y económicos, nos empujan a cimentar y promover activamente una relación especial, basada en el mutuo respeto, en la cooperación y en la responsabilidad compartida en la solución de los problemas comunes.

6. Desarrollo Humano Sustentable

El desarrollo humano sustentable es el proceso de aumento de las capacidades y la libertad de todas las personas para vivir dignamente sin comprometer el potencial de las generaciones futuras. Es el paso, para cada hombre y para todos los hombres, de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas.

Para el desarrollo humano sustentable, los seres humanos no son meros beneficiarios de programas asistenciales, sino verdaderos agentes de cambio en el proceso. No basta proporcionar bienes y servicios materiales a grupos de población que padecen privaciones, sino que deben ampliarse las capacidades humanas. El desarrollo humano se centra en ampliar las opciones humanas.

El desarrollo debe ser sustentable, lo que implica que los intereses de las generaciones futuras reciban la misma atención que los de la presente. El deber de proteger a las generaciones futuras no puede pasar por alto las apremiantes necesidades de la población pobre de hoy. La búsqueda de un desarrollo sustentable debe tener dentro de sus más altas prioridades la eliminación de la pobreza de la generación actual.

Es éticamente obligatoria la protección del medio ambiente, para garantizar que las generaciones futuras tengan la misma oportunidad de disfrutar de una vida plena tanto como la deben tener las generaciones que les precedan. El aspecto ambiental del desarrollo sustentable presupone reconocer que el crecimiento económico debe darse dentro de los límites naturales de regeneración de los ecosistemas, evitando la sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación y contaminación de aire, agua y suelo. Sin una base de capital natural no se puede generar un crecimiento económico de largo plazo, ni tampoco mejorar la calidad de la vida humana.

7. Humanismo Económico

El humanismo económico impulsa una economía eficiente y moderna, equitativa en la distribución de oportunidades, responsabilidades y beneficios; una economía social de mercado, sustentada en el trabajo libre, respetuoso de la dignidad humana y del medio ambiente, que tenga su raíz en la libertad y en la iniciativa de las personas; una economía que busca construir un México más próspero, más libre y más humano.

El acceso de las personas a la propiedad y a la formación de un patrimonio es la base material de su desarrollo integral y la garantía de su dignidad. Ello tiene que apoyarse en un marco institucional que garantice el derecho a la propiedad y que dé certeza jurídica a la persona en su participación en las actividades económicas.

El mercado es condición necesaria para el desarrollo económico; pero no es suficiente para garantizar el sentido humano de la economía. En consecuencia, se requiere la acción rectora y rectificadora del Estado para atenuar las profundas desigualdades sociales de nuestro país. El mercado debe liberar las potencialidades económicas de la sociedad, y el Estado debe vigilar su ordenado desenvolvimiento, para garantizar que concurra al interés nacional, se subordine al bien común y busque la justicia en las relaciones económicas.

El mercado no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para asignar satisfactores a las necesidades de los seres humanos. Por eso el humanismo económico asume la responsabilidad social y busca abatir la pobreza extrema, atiende prioritariamente a los pobres del campo y la ciudad, da prioridad a zonas indígenas y rurales e impulsa el desarrollo de las potencialidades del campo mexicano.

El Estado debe regular los mercados para que los agentes económicos concurran a ellos y compitan en condiciones de equidad, y para evitar que el más fuerte imponga condiciones que terminen por destruir la competencia misma.

La economía social de mercado supone una política fiscal responsable, con finanzas públicas sanas que permitan el crecimiento sólido y estable de la actividad económica, y equilibren el beneficio de las generaciones actuales y futuras. El Estado debe regular y supervisar los mercados financieros para fortalecer las potencialidades reales del sector productivo, y para inhibir el comportamiento nocivo de quienes en ellos participan. Una economía social de mercado busca consolidar el ahorro de la Nación, para facilitar la inversión productiva y para que las personas formen el patrimonio de la familia.

Una política económica humanista subordina sus decisiones a la ética y parte del hombre, su dignidad y sus derechos. En consecuencia, afirma la prioridad del trabajo sobre el capital y busca el acceso del mayor número posible de personas a la propiedad de los medios de producción. La economía humana impulsa el espíritu emprendedor y promueve la participación responsable de quienes en la empresa aportan su trabajo, talento administrativo o su capital a la generación de bienes, e impulsa la participación justa en los frutos de la productividad.

Las políticas públicas que nacen del humanismo económico buscan promover el desarrollo integral, equilibran la participación de las regiones del país y armonizan responsablemente los objetivos distributivos con las exigencias del crecimiento; reconocen que el desarrollo es promovido por el mayor grado de inversión posible, no sólo en infraestructura y bienes de capital sino, y sobre todo, en las capacidades de las personas, esto es, la inversión en valor humano. Para ello es fundamental la inversión de recursos públicos y privados en la formación y desarrollo integral de las personas y específicamente en los rubros de educación, salud, vivienda, seguridad y calidad de vida. Debe promoverse la inversión en la formación y el fortalecimiento de las capacidades humanas que permitan a las personas colaborar, proponer, deliberar y participar en las decisiones de su trabajo.

Por otra parte, el crecimiento sostenido de la economía no puede depender de la mera venta de materias primas o de procesos productivos de mano de obra barata, sino de la capacidad productiva de la persona, de su plena realización económica y del desarrollo tecnológico.

La ampliación del comercio y la inversión permite que los recursos se asignen a las regiones y sectores donde se producen bienes y servicios de manera más eficiente a nivel mundial. Esto beneficia la capacidad empresarial, genera empleos en sectores competitivos y se traduce en el disfrute de satisfactores a un costo menor y de mejor calidad para los consumidores. Pero por otra parte, se generan también sectores productivos perjudicados y pérdida de empleos en aquellas áreas y regiones que no tienen condiciones para competir en un entorno global.

El humanismo económico demanda un Estado rector que distribuya los beneficios del comercio. Esta distribución no debe entenderse como un reparto asistencialista de recursos, sino que debe basarse en el diseño de políticas públicas que reorienten la actividad productiva en los sectores afectados. En una economía social de mercado el Estado debe ser vigilante atento de que los excesos de los mercados mundiales no conviertan en prescindibles a las personas. Ante la globalización, los Estados deben fortalecer su capacidad para cumplir esta misión. La rectoría y articulación de las actividades económicas y sociales no deben delegarse a las grandes empresas.

8. Trabajo

El trabajo es el espacio natural de la responsabilidad social. Es medio fundamental para la realización del ser humano y la satisfacción de sus necesidades. Tiene como eje a la persona humana. No es una mercancía y tiene primacía sobre el capital.

El trabajo humano está fundado en la interacción de las personas que se vinculan para cooperar y realizar una acción creadora y transformadora. Toda persona apta para el trabajo debe tener oportunidad constante de realizarlo sin discriminación alguna. El acceso a las oportunidades laborales y al disfrute de su compensación debe ser igual para la mujer y para el hombre. El trabajo del hogar debe ser socialmente reconocido y en lo posible valorado para su incorporación en las cuentas nacionales. Las responsabilidades familiares, sociales y económicas se deben atender con equidad por los hombres y las mujeres.

Todo trabajo socialmente útil debe tener la retribución que permita al trabajador vivir y mantener decorosamente a una familia con posibilidades reales de mejoramiento. El trabajo ha de proporcionar bienestar compartido, realización profesional y oportunidad de desarrollo personal y familiar. Los salarios deben decidirse con criterios de justicia y equidad, no solamente con base en el mercado.

La responsabilidad del Estado en materia laboral es integral. El Estado debe: asegurar que el sistema educativo prepare a todas las personas, particularmente a los jóvenes, para su realización en la vida laboral; forjar condiciones económicas y sociales propicias para la generación suficiente de empleo estable; determinar un marco institucional y legal que ampare las prestaciones que hombres y mujeres requieren para desempeñarse con dignidad; fomentar la vinculación de los ámbitos educativo y productivo para la capacitación continua de los trabajadores; desarrollar un régimen de protección social para el desempleo; organizar el financiamiento público y privado de pensiones dignas y suficientes de las personas que han terminado su etapa laboral. En síntesis, la función del Estado es detonar en la sociedad los valores de una solidaridad activa.

El trabajo humano debe organizarse en condiciones dignas que permitan una participación progresiva de los trabajadores en las decisiones, beneficios y capital de las empresas. La entera libertad en la organización de los trabajadores en asociaciones y sindicatos es elemento fundamental para la humanización de la vida laboral.

El Estado y la sociedad, deben encontrar respuestas solidarias y responsables a los retos que plantea el trabajo informal. Debe proscribirse toda forma de trabajo infantil, porque niega el acceso de los niños a la educación, al esparcimiento y a la cultura, condenándolos a la miseria.

9. Medio Ambiente

El medio ambiente es el conjunto de condiciones físicas y procesos biológicos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. Un medio ambiente sano es una aspiración de la humanidad, ya que es fundamental en el desarrollo integral y en la calidad de vida de las personas de las generaciones presentes y futuras.

Una política de desarrollo sustentable debe lograr que los costos sociales y ambientales de los bienes y servicios se vean reflejados en términos económicos, con el fin de promover patrones de producción y consumo sanos. Asimismo, es importante promover la inversión y el uso de tecnologías limpias, que eviten y minimicen el impacto ambiental causado por el crecimiento económico. Se requiere de un uso más amplio de instrumentos económicos, legales, informativos y educativos, así como incentivos claros que entre productores, inversionistas, consumidores y la sociedad en general, aliente la utilización de esos patrones y tecnologías.

La convivencia entre los seres humanos y la naturaleza debe ser tal que permita la satisfacción las necesidades de los hombres, sin comprometer la capacidad de regeneración de la naturaleza, y por tanto, la existencia de las generaciones futuras. Es necesario que las instituciones públicas y privadas incluyan el tema ambiental en sus actividades y que haya un cambio de hábitos y valores sociales, para lograr la efectiva protección del medio ambiente.

El buen aprovechamiento de los recursos naturales no depende sólo de cuestiones técnicas y económicas, sino que está vinculado a los sistemas políticos y a sus instituciones.

La inequidad en la distribución del ingreso, la ineficiencia gubernamental, la corrupción y el autoritarismo, agreden al medio ambiente. Un sistema político responsable y ordenado previene y mitiga los impactos nocivos al ambiente. Es fundamental la participación corresponsable de la sociedad, no sólo como conjunto de consumidores, sino de personas que ejercitan sus derechos y asumen sus responsabilidades cívicas y políticos.

La sociedad y todos los órdenes de gobierno deben actuar coordinada y permanentemente para evitar la degradación del medio ambiente, renovar la conciencia ciudadana, desalentar procesos productivos contaminantes y sancionar las prácticas dañinas al ambiente.

Es indispensable la acción solidaria y subsidiaria entre las naciones para frenar el deterioro ambiental y reorientar la actividad humana hacia el desarrollo sustentable mundial.

10. Ciencia e Innovación Tecnológica

La libertad de investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico, son indispensables para procurar el bien común de la sociedad y para fortalecer a la Nación.

El ser humano, como parte de su naturaleza creativa, genera conocimientos y desarrolla tecnologías que sirven a su bienestar. La ciencia y la tecnología son instrumentos al servicio de la vida de las personas y de su comunidad.

No todo lo que es científicamente posible es socialmente responsable. La libertad de investigación tiene frontera en la dignidad de la persona humana. La manipulación técnica de la naturaleza no está exenta de riesgos. La protección y el cuidado de la naturaleza es responsabilidad del investigador, de manera directa, y de la sociedad, de manera solidaria.

El desarrollo del conocimiento, la innovación y el progreso tecnológico, deben ser certeramente responsable cuando el sujeto de investigación es el hombre mismo.

El reto de la ciencia es cómo dominar su propio dominio. Es necesario estudiar a fondo, analizar, los avances en todos los ámbitos de la actividad humana, incluyendo la científica y tecnológica, para evaluar sus implicaciones éticas. El certero desarrollo de la investigación es de vital importancia para proteger y mejorar la vida de las personas.

El conocimiento científico es patrimonio de la humanidad. La ciencia y la tecnología no deben convertirse en simples mercaderías, en instrumentos de dominio o en fuentes de segregación.

11. Humanismo Bioético

Acción Nacional afirma el valor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y el derecho de cada persona a que su vida sea respetada de manera total.

Cada mujer y cada hombre es un ser indivisible corporal y espiritualmente; un ser único, singular, irrepetible, con identidad propia y una dignidad intrínseca.

El derecho a la vida es inviolable. Por ser fundamento de todos los demás derechos, debe ser respetado, garantizado y protegido por el Estado, de acuerdo con las normas, principios y valores del derecho. Nadie es dueño de la vida, ni de la muerte.

El embrión humano es persona. Tiene dignidad y derecho a la vida, a la identidad, a la protección por el Estado y la sociedad. No puede ser objeto de manipulación ni de las agresiones que conducen a su destrucción y eliminación. Toda vez que el ser humano es en sí mismo un fin y no un medio, la clonación de seres humanos por cualquier razón debe ser prohibida. En la procreación puede ayudarse a la naturaleza, respetando la vida y la dignidad de las personas.

Todo tratamiento, investigación y manejo realizado sobre seres humanos y su patrimonio genético debe ser certeramente responsable para respetar la dignidad humana. El genoma humano es patrimonio de la humanidad. Todo ser humano tiene derecho a conocer su filiación genética y a que tal filiación sea protegida por las leyes que tutelan la privacidad y la intimidad. No se puede discriminar a una persona a causa de su patrimonio genético.

La lucha contra el dolor debe ser entendida como un esfuerzo común, público y privado, incluyendo los cuidados paliativos, dando asistencia total, material y espiritual, en cualquier fase de la vida en la que se encuentren los enfermos. Pudiendo ser admisible la recomposición genética con fines terapéuticos, bajo los mismos principios éticos usados en el manejo de otras terapias, es inaceptable cuando se utiliza por razones eugenésicas ni por razones arbitrarias.

12. Campo y Ciudad

El campo y la ciudad son espacios diferentes pero complementarios de nuestra diversidad nacional. Encarnan distintas maneras de convivencia social, de expresión cultural y de actividad económica. En ambos, el centro de acción son los hombres y mujeres que buscan su realización personal y comunitaria.

Las comunidades del campo, en especial las que se encuentran en extrema pobreza, deben ser el centro de una política integral capaz de generar una nueva sociedad rural, fundada en la solidaridad de sus miembros y en la promoción de la dignidad de las personas, es decir en la humanización integral del campo y sus habitantes.

Es preciso que el gobierno y la iniciativa de los particulares promuevan una organización competitiva de la producción agroalimentaria, agropecuaria y forestal, para enfrentar con éxito la creciente integración económica de las naciones. Esta política integral debe incluir un sistema de financiamiento social acorde con las necesidades y circunstancias del campo, la creación de infraestructura, la gestión de nuevas tecnologías, el fortalecimiento de las cadenas productivas, la comercialización, el aprovechamiento de los productos y ventajas comparativas de cada región y la plena seguridad jurídica de la propiedad de la tierra.

El campo es también fuente y expresión de nuestra diversidad sociocultural. El Estado debe asegurar a todos sus habitantes las condiciones mínimas para su adecuado desarrollo humano, en especial en el acceso a la educación, a las condiciones de salud y de vivienda propias de una vida digna y a la posibilidad de expresar su cultura.

La transformación social y económica del campo debe fundarse en el destino universal de los bienes, que exige respetar al medio ambiente y garantizar un sustento digno y suficiente de las comunidades del campo y la ciudad del presente y de las generaciones venideras.

La ciudad también expresa nuestra pluralidad como nación. La ciudad ordenada, debe vincular solidariamente a las personas y proporcionarles seguridad, bienestar y oportunidades para acceder al conocimiento, la ocupación y la cultura. En el medio urbano se acumulan valores materiales y espirituales que ligan a las generaciones pasadas y presentes con las futuras; por tanto, identidad y tradiciones, patrimonio cultural y artístico, formas singulares de pensar y de actuar, penetran y definen el modo de ser de quienes han nacido y viven en la ciudad, lo cual fortalece la identidad y el carácter nacionales.

La ciudad y sus modos de convivencia se transforman a consecuencia de movimientos sociales, fenómenos migratorios, procesos económicos y tecnológicos, identidades culturales o alteraciones del medio ambiente. Por ello, es indispensable vigilar que la dinámica urbana genere condiciones propicias para una vida digna, justa y libre.

Como expresión económica, la ciudad debe ser fuente de trabajo para sus habitantes, debe también ser garantía de un adecuado crecimiento industrial, tecnológico y comercial, capaz de satisfacer las necesidades de sus habitantes y de armonizar el desarrollo comunitario con el respeto y aprecio a los recursos naturales de la comunidad.

La variada extensión que adquiere el espacio urbano implica que la ciudad tenga autoridades organizadas de manera subsidiaria, para asegurar que los distintos órdenes de gobierno participen de manera coordinada en la salvaguarda del equilibrio entre población, urbanización, producción y medio ambiente. En la gestión de bienes y servicios urbanos concurren las autoridades, la iniciativa privada y los habitantes de la ciudad, quienes son corresponsables de la construcción eficiente, el mejoramiento continuo y la operación eficaz y a un precio justo de las redes de infraestructura y los servicios públicos, que son manifestación concreta del bien común en el medio urbano.

El desarrollo responsable y solidario exige acciones públicas y privadas que restablezcan y preserven un adecuado equilibrio entre el campo y la ciudad.

13. Municipio y Sistema Federal

El municipio, formado por el conjunto de familias que habitan una comunidad, es eje de la estructura política nacional y espacio privilegiado para el desarrollo del país.

El respeto a la autonomía municipal es el fundamento de un orden subsidiario, solidario y responsable que el gobierno federal y los gobiernos estatales deben garantizar. Los municipios deben tener la capacidad para determinar libre y responsablemente las características propias de su gobierno de acuerdo con sus necesidades particulares, para establecer las normas básicas de la convivencia social y, en especial, para garantizar el pleno desarrollo y respeto por las comunidades y los pueblos indígenas.

Las atribuciones de los diferentes ámbitos de gobierno han de estar presididas por el principio de la proximidad, cuya esencia exige que todas aquellas funciones que inciden directamente en la vida diaria de las personas sean atribuidas al órgano de gobierno más cercano al ciudadano. El sistema federal deberá asegurar no sólo estas facultades y los recursos suficientes para el municipio, sino también la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

La prestación de los servicios públicos debe atender a las necesidades fundamentales de los hombres y las mujeres que conforman el municipio, asegurando los niveles mínimos y suficientes para una vida digna. La seguridad, la educación, la salud y el desarrollo humano han de ser los objetivos centrales del gobierno municipal.

Ante la creciente integración de las naciones, los gobiernos municipales han de fungir como promotores de los valores y de la diversidad cultural nacionales. En una economía mundializada, el municipio ha de contar con los servicios de educación profesional y técnica y con la infraestructura necesaria para potenciar sus recursos y servicios en beneficio de las familias y las personas que lo integran.

La solidaridad exige el compromiso permanente de la persona para actuar a favor del bien común de su municipio. Toda política municipal debe fundarse en la participación de quienes integran la primera comunidad de la Nación.

El desarrollo integral y el crecimiento equilibrado de todas las regiones del país es la esencia del Estado federal. La equidad en el acceso a mejores condiciones de vida ha de ser el resultado de un federalismo subsidiario, solidario y responsable que sea capaz de incorporar a todos los mexicanos, independientemente de su ubicación geográfica, al progreso nacional.

Un federalismo subsidiario y solidario implica la generosa participación de todas las entidades y de la sociedad en su conjunto a favor de la educación, de la infraestructura y, en general, de las condiciones mínimas para el adecuado crecimiento económico de todas las regiones del país.

Un federalismo solidario y subsidiario exige la participación del gobierno federal para que todas las entidades, en especial aquellas con mayor rezago social, se encuentren en condiciones de igualdad para garantizar el pleno bienestar de las personas.

El Estado mexicano también ha de promover un federalismo responsable, donde la descentralización de funciones y de recursos confluya en el compromiso de los gobiernos municipales, estatales y federal para gestionar el bien común de la Nación desde cada ámbito de competencia.

Un federalismo responsable implica la transparencia y honestidad en la vida pública. Es deber de las autoridades manejar responsable, transparente y honradamente la hacienda pública. Es deber de los ciudadanos vigilar permanentemente la aplicación de los recursos. Las instituciones municipales, estatales y federales, deben reformarse para asegurar que la gestión pública trascienda sus períodos de elección, con el fin de dar continuidad y certidumbre a las acciones de gobierno y contribuir de manera eficaz al desarrollo armónico y equilibrado de la Nación.